Caso Fujimori-Montesinos: reparaciones civiles en riesgo
La Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima ordenó en marzo pasado la caducidad de la reparación civil impuesta a Mendel Winter, el ex directivo de Frecuencia Latina que en el 2004 fue condenado a cinco años de prisión por haber recibido US$2 millones de Vladimiro Montesinos para cambiar la línea informativa del canal.
Con este fallo, Winter no tendrá que pagar los US$4’773.407 (más de S/12 millones) de reparación civil que le impusieron como parte de su proceso de colaboración eficaz, al que se acogió hace más de diez años.
Para el procurador anticorrupción Amado Enco, esta decisión judicial es un “grave precedente que pone en riesgo” el cobro del resto de reparaciones del Caso Fujimori-Montesinos. Estas suman S/1.402’229.347.
La defensa del Estado informó que ha presentado un recurso de nulidad para revertir la medida.
—La solicitud—
En el 2016, el Cuarto Juzgado Penal de Procesos con Reos Libres de Lima rechazó un pedido de caducidad de la reparación presentado por Winter. La defensa del empresario afirmaba que en el Código Civil se establece que el plazo de prescripción de una reparación es de diez años y que este debía aplicarse a la caducidad.
Sin embargo, el juez consideró que dicha figura “no estaba prevista en ninguna norma” y que para que la reparación prescriba tendría que haber inacción total del acreedor. El magistrado indicó que la defensa del Estado no ha dejado de cobrar la reparación.
—El otro criterio—
Winter apeló el fallo y la Segunda Sala Penal Liquidadora le dio la razón en marzo.
Hace dos años, el mismo tribunal falló a favor de su hermano, Samuel Winter, cuando declaró fundado el pedido de prescripción de su reparación civil.
Las juezas María Delfina Vidal y Avigail Colquicocha resolvieron que el plazo de diez años previsto para la prescripción “constituye realmente” un plazo de caducidad. “Ha transcurrido en exceso el plazo que establece el Código Civil”, señalaron.
A la fecha, los hermanos Winter han pagado S/819.000 por sus reparaciones civiles.
Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el tribunal ha “forzado” la interpretación de la norma y está aplicando una interpretación de carácter civil, cuando se trata de la ejecución de una sentencia penal tras un acuerdo de colaboración eficaz.
“En estos casos [las reparaciones civiles] no caducan. Sería un mecanismo de debilitamiento de la acción del Estado porque lo único que buscaría la persona es el paso del tiempo para terminar no pagando. Sienta un precedente tremendamente negativo en la lucha contra la corrupción”, precisó.
En la Procuraduría Anticorrupción indicaron a El Comercio que, si el recurso de nulidad presentado es rechazado, insistirán con una queja en la Corte Suprema.
