Secuelas del terror: más de 19 mil peruanos siguen sin aparecer
En una ceremonia, el Ministerio Público les entregó los restos de sus parientes asesinados por Sendero Luminoso entre 1986 y 1992. Entre las víctimas estaba Julián Torres Ccallalli, quien fue arrancado de su hogar y acribillado en la Navidad de 1987, cuando tenía 19 años. Los restos de Julián y de otras 13 personas habían sido enterrados en fosas anónimas en tres cementerios comunales de la provincia de Aymaraes. En el 2015, la fiscalía los exhumó y empezó a identificarlos uno por uno. Tras décadas de incertidumbre, este jueves cada familia pudo llevarse los vestigios de sus seres queridos para llorarlos y sepultarlos con dignidad.
Los casos como el de Apurímac, de personas desaparecidas o restos sin identificar, se cuentan por miles en el Perú. Hace unas semanas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) reveló los resultados del primer listado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade). Se ha identificado –con nombre y apellido– a 20.329 personas desaparecidas durante los años del terrorismo, entre 1980 y el 2000. Del total, hay 865 cuyos restos fueron hallados, pero quedan 19.464 por localizar o identificar.
Para llegar a este cálculo, el Ministerio de Justicia usó nueve grandes bases de datos como los registros públicos de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) o el conteo privado de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Desde noviembre del año pasado, un equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) se dedicó a tiempo completo a clasificar, depurar y unificar estas fuentes de información.
“Es posible que este número [los 20.329 desaparecidos] aumente debido a que aún está pendiente hacer un cruce de información con los datos que tiene el Ministerio Público”, advierte el viceministro de Derechos Humanos del sector Justicia, Miguel Ángel Soria, a El Comercio. La posibilidad de que la cifra crezca es cierta. La fiscalía maneja una amplia base de datos de desaparecidos, tiene oficinas especializadas en el tema y es la que ordena las exhumaciones en nuestro país.
—El perfil de las víctimas—
El listado base del Minjus muestra la crudeza de las desapariciones y a sus víctimas. Según información proporcionada a este Diario, las desapariciones se dieron sobre todo en Ayacucho (48% del total), Junín (15%) y Huánuco (12%). Además, la evolución histórica de este delito contra los derechos humanos revela que las desapariciones se dispararon en dos períodos: entre 1984 y 1985; y entre 1990 y 1991. Las provincias con más desaparecidos fueron La Mar y Huanta, en Ayacucho, y Satipo, en Junín.
FUENTE: EL COMERCIO- PERÚ