Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a respetar la autonomía de la Procuraduría General de la República
Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a respetar la autonomía de la Procuraduría General de la República
La defensa jurídica del Estado por parte de los procuradores públicos debe ejercerse con autonomía funcional y libre de injerencias, en concordancia con la normativa vigente.
La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación respecto al pedido de renuncia que habría efectuado la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos al procurador general de la República, Daniel Soria Luján para realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial pendiente en el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento, el procurador general de la República y los demás procuradores, poseen autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el desarrollo de sus funciones. Su labor se debe realizar sobre la base del análisis objetivo y acorde a ley de los casos a su cargo, desempeñando su función de manera imparcial y descartando toda influencia e injerencia interna o externa en su actuación.
El sistema de defensa jurídica de los intereses del Estado cuenta con procuradores públicos especializados tales como el de corrupción de funcionarios, lavado de activos y pérdida de dominio, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, orden público y medio ambiente, que defienden los intereses del Estado en todas las investigaciones y procesos penales llevados a cabo más allá de los gobiernos que se encuentren de turno.
El actual procurador general fue designado mediante Resolución Suprema en febrero de 2020 por un período de 5 años. Por tal motivo, sólo puede ser removidos en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación.
Por lo expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a respetar la vigencia del mandato en el cargo del procurador general de la República y los Procuradores Públicos, así como su autonomía funcional para defender los intereses del Estado conforme a la evaluación independiente que realicen en cada caso, no estando obligados a revelar sus estrategias legales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ni a ningún otro órgano estatal.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la lucha contra la corrupción.
