Policía identifica a los cuatro intervenidos en operativo “Shunte 2025” contra la minería ilegal
La Policía Nacional logró identificar a las cuatro personas intervenidas durante el operativo “Shunte 2025”, ejecutado contra la minería ilegal en el distrito de Shunte, provincia de Tocache. La acción permitió desarticular una presunta organización criminal denominada por las fuerzas del orden como “Los Ilegales de Shunte”, cuyos integrantes serán investigados por los delitos de contaminación ambiental y explotación ilícita de oro.
El operativo, desarrollado de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Mariscal Cáceres y la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, culminó con la detención de cuatro implicados. Estos fueron identificados como Rosas Elías Layza Espejo (34), Jesús Ismael Arce Centurión (32), Junior Omar Chávez Centurión (23) y Roberto Reyes Romero (46), quienes se encontraban realizando actividades prohibidas dentro de una zona protegida.
Durante la intervención, los agentes localizaron tres bocaminas activas y dos campamentos clandestinos, donde se halló abundante maquinaria e insumos utilizados para la extracción ilegal de oro. Entre lo incautado figuran tres carros mineros, 350 explosivos tipo dinamita, una tonelada de mineral aurífero, además de un generador de energía, materiales valorizados en un total de S/ 2,139,350.00.
Las autoridades señalaron que este hallazgo confirma el avance del conocido “efecto globo”, fenómeno que evidencia el desplazamiento de organizaciones mineras ilegales desde la provincia de Pataz hacia territorios vecinos tras las recientes acciones del Ejecutivo. Esta migración habría permitido la instalación de nuevas operaciones clandestinas en la provincia de Tocache, tal como señalaron algunos medios de comunicación.
Finalmente, la Fiscalía y la Policía advirtieron que la expansión de la minería ilegal constituye una amenaza para la región San Martín debido a los graves riesgos de contaminación ambiental, deforestación, uso indiscriminado de explosivos, alteración de ríos y la posible reaparición de estructuras delictivas que fueron erradicadas tras años de violencia. Las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad penal de los intervenidos y posibles vínculos con redes de mayor alcance.
