Contraloría advierte compras irregulares vinculadas al programa Lurawi Perú en la municipalidad de Pólvora
Se aprobaron órdenes de compra por S/ 8 977 a favor de postor impedido de contratar con el Estado
San Martín. – La Contraloría General de la República identificó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pólvora cometieron irregularidades en contrataciones realizadas en el marco del programa Lurawi Perú. Entre ellas figuran la adjudicación de órdenes de compra a un proveedor impedido de contratar con el Estado, la falta de verificación de requisitos y la presentación de cotizaciones incompletas, lo que vulneró la legalidad y transparencia en el uso de recursos públicos.
El Programa de Empleo Temporal Lurawi Perú, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca generar oportunidades laborales inmediatas para personas en situación de vulnerabilidad a través de actividades de intervención rápida como limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
En el Informe de Control Específico N° 016-2025-2-2982-SCE (periodo de evaluación del 11 de mayo al 14 de julio del 2023) se advirtió que la municipalidad contrató a un postor, que ejerció un cargo público en la misma entidad (gestión 2019-2022) durante el año 2023, por S/ 8977 mediante órdenes de compra para la adquisición de madera destinada a actividades de intervención inmediata del Programa Lurawi Perú. La Ley de Contrataciones establece que los funcionarios públicos están impedidos de contratar en su jurisdicción durante su mandato y hasta doce meses después de haber concluido, por lo que dichas contrataciones fueron irregulares desde su origen.
Asimismo, se evidenció que la Unidad de Logística no verificó los impedimentos previstos en la normativa ni exigió la presentación del Anexo N° 4 Declaración jurada del proveedor en la etapa de cotización, documento clave para asegurar que los postores declaren no estar impedidos ni inhabilitados para contratar con el Estado.
También, se detectó que ambas órdenes de compra se emitieron con solo dos cotizaciones, cuando la directiva interna exige tres para montos mayores a una UIT. En el caso de la O/C n.° 00119, además, el proveedor no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento de ser declarado ganador. Requisito obligatorio para contrataciones de ese valor, por lo que la adjudicación se hizo sin respetar la normativa.
Por estos hechos, la Contraloría determinó responsabilidad penal y administrativa en una exfuncionaria y un funcionario de la municipalidad. En ese sentido, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes, y al titular de la entidad disponer el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan. El informe se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control.
