San Martín impulsa el ordenamiento territorial y fortalece liderazgo amazónico
El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país al participar en el Taller Macrorregional de Ordenamiento Territorial, iniciativa impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.
El encuentro, realizado en la sede central del Goresam en Moyobamba, reúne a los gobiernos regionales que integran la Mancomunidad Amazónica con el propósito de fortalecer capacidades, unificar criterios y promover la adecuada aplicación del nuevo marco legal que regirá el uso, gestión y planificación del territorio peruano.
Este taller tiene como finalidad difundir los alcances de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y de la Ley de Ordenamiento Territorial; explicar su articulación con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN); y consolidar espacios de diálogo técnico y cooperación interinstitucional para la implementación progresiva del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT).
Durante la jornada, el equipo técnico de especialistas en Ordenamiento Territorial de la PCM destacó dos hitos fundamentales para el país: la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050 (PNOT), aprobada mediante el DS N.° 142-2024-PCM, que define la visión, objetivos y lineamientos que guiarán un desarrollo sostenible, competitivo y equilibrado; y la Ley N.° 32279 de Ordenamiento Territorial, publicada el 2 de abril de 2025, que crea el SINADOT y otorga a la PCM la rectoría de su aplicación en los tres niveles de gobierno. Esta política establece cuatro objetivos prioritarios, operativizados en 14 lineamientos, 15 servicios y 35 actividades operativas, consolidándose como un instrumento multisectorial clave para planificar el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social del Perú.
Para la región San Martín, liderada por el Gobierno Regional mediante la Autoridad Regional Ambiental (ARA), y reconocida como pionera en procesos de planificación y gestión territorial en la Amazonía, este nuevo marco legal representa una oportunidad estratégica para: ordenar el crecimiento urbano y rural incorporando criterios ambientales y productivos; reducir conflictos por uso del suelo y fortalecer la seguridad jurídica en las inversiones; promover actividades económicas sostenibles, especialmente en agricultura, turismo y cadenas productivas amazónicas; y robustecer la gestión del riesgo de desastres considerando escenarios climáticos y de vulnerabilidad.
